Se considera al trabajo infantil, como aquellas actividades económicas y/o estrategias de supervivencia, con o sin finalidad de lucro, remuneradas o no, realizadas por niños y niñas menores de 16 años, independientemente de su condición ocupacional.

Se ha visto el fracaso escolar sufrido por niñas y niños víctimas de explotación laboral, mientras el cuidado y la alimentación de los hermanos menores u otros familiares, suele estimular el ausentismo de las niñas. Esta desigualdad social se agrava más en la zona rural del norte de Argentina donde la primer causa de inasistencia es el factor climático (58%), el segundo factor es la necesidad "de ir a trabajar en el campo" (56%)

Por esa razón en este estudio se analiza la educación rural Argentina y se compara con el caso específico de Corrientes (NEA), pues no es lo mismo una historia de vida de una familia rural con hijos trabajadores que vive en Buenos Aires, que una que habita Corrientes. Se estudiaran tanto los criterios de política definidos a nivel nacional y sostenido por la concentración de recursos en la infancia derivadas del federalismo centrípeto, como los de alcance provincial bajo otro régimen político y con escasa capacidad fiscal

Se ha verificado que desde 2008 hasta el momento lamentablemente el trabajo infantil rural no es tema de la agenda pública de los actores con poder de decisión desde el área de gobierno de trabajo a nivel de dicha provincia, tanto en el ministerio de trabajo como en el de educación rural.

Respecto al primero, según relatos oficiales es el Servicio de Prevención y Asistencia Educativa (SEPA) del Ministerio de Educación existen zonas preocupantes donde hay problemas de asistencia y rendimiento académico a causa del trabajo infantil. Las mismas son Itatí, Monte Caseros, Mocoretá, Santo Tome, Virasoro, Alvear y Lievig.  Según dichos referentes se afecta  la población de la primaria y de la secundaria, según aparece en los informes internos del primer y segundo trimestre 2009.

La Red Integrar ha realizado en 2013 un relevamiento junto a los actores políticos y sociales de 8 (ocho) municipios que forman parte del núcleo duro de la pobreza rural donde se observan problemas de analfabetismo (mucho de los cuales se asocian al trabajo infantil).[1] Se censaron un total de 2968 personas, de los cuales no saben leer ni escribir unos 258 personas, 37 poseen entre 6 a 12 años de edad, y 11 son de 13 a 18 años de edad. O sea que casi un 10% de personas no saben leer ni escribir, están  más afectados los municipios de San Luis del Palmar , Ita Ibate, Concepción y San Miguel con cifras similares. El Programa alcanzó a en cinco municipios del núcleo duro de la pobreza urbana,  a lo que se incorporan ocho municipios, con un fuerte enfoque en las áreas rurales. Los municipios que abarca el proyecto son: Caa Cati, Concepción, Ita Ibate, Loreto, Mburucuya, San Luis del Palmar, San Miguel y Santa Rosa. No obstante cabe señalar que del total de 258 personas consultadas, existe un 25 % que quiere aprender. (Red integrar, 2013)

Lamentablemente sus posibilidades están limitadas por el acceso, ya que continua la brecha entre escuelas urbanas y rurales. En provincias como Corrientes, que cuenta con el 54% de escuelas rurales, menos de un 1% de estas se reporta como equipadas y conectadas; en contraste, un 6,5% de las escuelas urbanas cuenta con computadoras y acceso a internet (Madagan, 2007: 112). Asimismo del Censo Nacional 2010 se desprende que de un total de correntinos censados de 931.438, solo la mitad (406.977 personas) conforma la población de 3 años y más en hogares particulares con utilización de computadores. Por el contrario, de los 2.727.786 censados en la CABA casi todos poseen computadoras, alcanzando la cifra a unos 2.016.683 de personas. Asimismo, de 291.482 correntinos de 3 años a 14 años en hogares particulares, existen solo 14.802 que las utilizan. (INDEC, 2010)

Tampoco existe acceso a otros programas existentes en la ciudad como son: el  CAI, el CAJ, las escuelas de verano y el bibliomovil.

De la consulta con los responsables de la Red Integrar se constatan falencias en el registro, algunas provenientes de la escasa capacidad técnica de los actores sociales indicados por cada municipio y otras por motivos políticos e internas entre el gobierno provincial y local de diferente adhesión partidaria.

 Al igual que las insuficiencias y limitaciones de los registros estadísticos antes mencionados, se observan inconsistencias en el relevamiento anual del DINIECE, pues con 335 cargos docentes de nivel inicial es imposible declarar solo 22 horas cátedras. El organismo nacional además informa que existen 547 unidades públicas de nivel inicial que cuentan con 6.448 alumnos y 1 establecimiento privado con 28 estudiantes.

Estas dificultades se suman a otras de acceso a la información pública agravadas por la coyuntura política, pues 2013 es un momento político de vital importancia por lo que es mejor no hablar de ciertas cuestiones de interés público. Por último, hubo divergencia entre los discursos de educación rural del gobierno federal y la consultada en el estado provincial.