Investigadores

Resumen

De Dios, Miguel Ángel

ANTECEDENTES. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO¿Qué es la defensa de la competencia?El presupuesto básico de la defensa de la economía de mercado consiste en que las personas son quienes están en mejores condiciones y deben ser las principales responsables de establecer su propio bienestar. En consecuencia, ellas estarán mejor si pueden intercambiar en forma voluntaria bienes y servicios en un mercado competitivo. Si todos los intercambios son voluntarios, cada persona continuará intercambiando bienes y servicios con otros terceros siempre que tales intercambios resulten beneficiosos para ambas partes. Si todos los intercambios de bienes y servicios se producen a precios competitivos, la sociedad en su totalidad será más rica que cuando algún intercambio se produzca a un precio superior o inferior . El objetivo principal de la política de defensa de la competencia consiste en justamente hacer que el mercado sea competitivo, que el intercambio de bienes y servicios se realice a precios competitivos y así se maximicen los beneficios obtenidos por todos sus participantes. Asimismo, la defensa de la competencia es un instrumento fundamental para la organización de una economía de mercado eficiente, dinámica y apta para incorporar al mercado al intenso proceso de innovación que caracteriza a la economía globalizada. Son éstas, condiciones necesarias para el desarrollo económico . La transformación de una economía sobre regulada en una economía de mercado que cuente con un sistema de reglas previsibles y un sistema regulatorio no distorsivo, requiere un diseño institucional apropiado que garantice a su vez la legitimidad social del mercado como mecanismo de asignación de recursos.La apreciación de este instrumento de regulación económica no es uniforme ni pacífica, en especial cuando se trata de países emergentes donde los incentivos a los nuevos entrantes al mercado estuvieron asociados a la concesión  de ventajas o privilegios especiales. Las condiciones de establecimiento de monopolios legales en ciertos nichos de mercado estuvieron muchas veces asociadas al otorgamiento de ventajas especiales a ciertos inversores más que a las razones de índole estrictamente económica que las justificaran. La política de defensa de la competencia es en sí misma controvertida y para alcanzar efectos positivos se necesita una práctica rigurosa y técnicamente confiable. En caso contrario, los costos económicos y sociales de las políticas activas de defensa de la competencia pueden resultar superiores a los beneficios .Otro factor que se señala como conflictivo se encuentra en la propia estructura de individualización y categorización de las conductas reprochables. Las acciones o conductas que dañan la competencia son difíciles de establecer en base a proposiciones generales a priori. Las prácticas anticompetitivas deben en gran medida ser demostradas caso por caso, creando así un evidente riesgo de discreción distorsiva y por ende un problema de legitimidad de las políticas de competencia. Así se ha señalado que la discrecionalidad asociada a las políticas de defensa de la competencia puede conducir tanto al oportunismo político, como a los fenómenos de captura de la política pública por parte del sector privado. Tanto los gobiernos como el sector privado tienen incentivos para utilizar la defensa de la competencia con fines ajenos a la maximización del interés económico general. Es así que el diseño institucional que se proponga para el desarrollo de las políticas de gobierno en materia de defensa de la competencia debe atender a minimizar los incentivos (costos versus beneficios) asociados a estas prácticas que deforman los objetivos fundamentales de las políticas de defensa de la competencia.Por lo tanto, el éxito o fracaso de la aplicación de la legislación de defensa de la competencia dependerá en gran medida de las características del marco normativo institucional adoptado para el ejercicio de estas políticas.Marco NormativoEl sistema institucional vigente en Argentina es el resultado de la modificación normativa establecida por la Ley 25.156 del 1999, su Decreto Reglamentario del PEN N° 89/ 2001 y  las disposiciones que establecen la dependencia funcional de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ("CNDC"), agencia encargada de velar por la defensa de la competencia en el mercado, con la Secretaria de Comercio Interior. La CNDC es un organismo administrativo creado por la Ley 22.262 sancionada en 1980 y vigente hasta septiembre de 1999 pero que se mantiene transitoriamente en funciones hasta la constitución del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia creado por la Ley 25.156. 

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Palabras claves: 

Defensa de la Competencia

Ley 25156